VOTOINÚTIL

VENCER ES CONVENCER

2011-01-01T13:42:00.000-08:00

«Todo el mundo lo tenía en la punta de la lengua, nosotros sólo le pusimos nombre.»

Esta frase, sacada de esa brillante paranoia antisistema hecha producto hollywoodiense que es El club de la lucha, podría resumir el momento social en que nos encontramos a principios de 2011. Tras el reciente bombazo informativo que supusieron los cables desvelados por Wikileaks y el posterior encarcelamiento de su cabeza visible, una avalancha de internautas se apresuraron a expresar su apoyo a una causa que, aparentemente, muchos parecían compartir: el uso de la información, no sólo como mecanismo de transparencia política, sino como medio para influir sobre acontecimientos políticos y económicos que hasta ahora escapaban a la voluntad de los ciudadanos. Y sin embargo, a pesar de los ejemplos que el propio Julian Assange ha expuesto en varias ocasiones, la que ya se considera la mayor revelación política de la historia reciente apenas ha tenido repercusiones de peso en las líneas de actuación de los Gobiernos a los que se refieren. El principal imputado, EE. UU., se ha limitado a acelerar los trámites legales necesarios para enjuiciar a Assange, sin prestar la menor atención, por poner un ejemplo, a las acusaciones de espionaje ILEGAL a los funcionarios de la ONU.

Es cierto que este tema en particular ha acaparado portadas e incluso ha generado un debate en los medios de comunicación «tradicionales», cuya capacidad de investigación y su supuesto papel de informadores independientes se han visto, cuando menos, comprometidos. Sin embargo, la función fundamental de esa información (la difusión de unos hechos más que cuestionables legítima y moralmente que habían sido ocultados sistemáticamente a la población), si bien ha elevado aún más el nivel de indignación de la opinión pública de gran parte del mundo, no se ha traducido en acciones o medidas concretas. Ante un caso tan flagrante, la primera pregunta que cabe plantearse es: ¿hasta qué punto es importante el conocimiento de los hechos para forzar un cambio sobre esos hechos? Es decir, ¿hasta qué punto en este caso la información es poder? La pregunta, además, es más relevante aún si se piensa en las nuevas formas que últimamente ha tomado el activismo político en Internet, ese medio de comunicación hasta ahora neutral. Muchas de ellas basan su estrategia en la difusión de información política que normalmente pasa inadvertida en los periódicos y en las cadenas de televisión mayoritarios, en la publicación de «manifiestos ciudadanos» o en el ataque a los servidores de las páginas web de empresas u organismos gubernamentales, como protesta por una acción o decisión determinada. ¿Las consecuencias reales? Esa información difundida rara vez sale de los canales habituales de Internet ni llega a los medios de información masivos, a esos manifiestos se les otorga muy poco valor en la toma de decisiones políticas y esos ataques pirata tampoco suelen alterar el rumbo de las acciones o decisiones contra las que protestaban.

En definitiva, la difusión de información y la expresión de opiniones a través de Internet, aunque esenciales en toda campaña de concienciación política, no suelen generar por sí mismas una base de opinión lo suficientemente amplia, estable y comprometida como para acometer acciones de relevancia real en el escenario político y económico en el que pretenden actuar. A este respecto, es cierto que en algunos países ya existen plataformas nacidas en Internet que han dado el salto a la política convencional y han formado partidos que concurren a los comicios regionales y estatales, aunque con escaso éxito hasta el momento. En cualquier caso, si lo que se busca es que esa toma de conciencia (en muchos casos iniciada precisamente por la difusión de información) y esa movilización virtual (que ya presupone una implicación, aunque menor, en una causa común) se transformen en algo más, esta claro que hay que adoptar estrategias de propaganda más generalistas y eficaces. Resulta evidente que un movimiento político que se oponga abiertamente a las ideas fundamentales que sustentan el statu quo político-económico no tiene ninguna posibilidad de calar en el grueso de la ciudadanía, acostumbrada a seguir los dictados del consenso público que moldean, precisamente, unos medios de comunicación interesados en mantener ese mismo statu quo al que ellos pertenecen.

En este contexto de manipulación en el que la mera información no resulta suficiente para provocar la acción, en el que la indignación no se materializa en protesta real, es imprescindible plantearse alternativas para movilizar a un amplísimo sector de la población al que cada vez se le hacen más evidentes las miserias, injusticias y mentiras de este binomio capitalismo-democracia al que parecemos condenados. Millones de personas lo tienen en la punta de la lengua, sólo hace falta alguien que le ponga nombre.

Blunting neoliberalism

2010-05-02T11:58:00.000-07:00

Tripartism refers to the consultation and negotiation of public policies between representatives of national governments, trade unions and employer associations, who may also play a direct role in their implementation.

El tripartismo, también conocido como concertación social o política, se refiere a la consulta y negociación de políticas públicas entre los representantes de los Gobiernos nacionales, los sindicatos y las asociaciones de empresarios, que también pueden desempeñar un papel directo en su aplicación. Estas prácticas cuentan con una larga tradición en Europa Occidental, pero en las últimas décadas se han propagado más allá de las clásicas naciones corporativistas hasta llegar a otros países donde tradicionalmente el tripartismo no había arraigado. Sin embargo, aún hay poca información sobre el papel desempeñado por el tripartismo en otras regiones del mundo.

“Blunting neoliberalism” reúne ocho casos de ejemplo en el África Subsahariana, Asia Oriental, Europa Central y Oriental, y América Latina. Se hace hincapié en el impacto del tripartismo en el marco de la formulación de políticas nacionales en la década de 1990 y principios de 2000, un período caracterizado por el predominio del neoliberalismo. Durante este tiempo, el FMI y el Banco Mundial forzaron reformas a través de un conjunto de medidas estándar conocidas como el “Consenso de Washington”, entre las que se contaban la liberalización comercial y financiera, la desregulación, la privatización y políticas macroeconómicas estandarizadas muy restrictivas. Los Gobiernos de muchos países se embarcaron en reformas orientadas al mercado, buscando una mayor integración en la economía mundial. Estas políticas, sin embargo, han sido objeto de críticas cada vez más duras, puesto que resultados obtenidos han sido desiguales y, en gran medida, decepcionantes.

¿Han logrado las negociaciones tripartitas alterar el ritmo, la secuencia o el contenido de las reformas económicas? ¿Han logrado alterar el entorno en el cual se aplican las reformas? Se intenta dar respuesta a estas preguntas a través de casos de ejemplo de países que presentan diversos grados de tripartismo: Sudáfrica, Zimbabue, la República de Corea, Singapur, Polonia, Eslovenia, Chile y Uruguay.

Estos estudios proporcionan muchos datos para demostrar que, cuando es relativamente fuerte, el tripartismo ha conseguido reformas más equitativas y políticamente sostenibles, reduciendo su impacto social. Las negociaciones tripartitas (Gobierno-sindicatos-patronal) no cambiaron la idea fundamental ni el contenido de las reformas en la década de 1990, que mantuvieron su orientación al mercado, pero sí ayudaron a los países conciliar los objetivos económicos y los sociales. En lugar de construir una alternativa al neoliberalismo, el tripartismo limó sus aristas.

Diseño de la investigación

Como guía de la investigación, Blunting neoliberalism parte de tres hipótesis, extraídas de la literatura sobre economía política orientada a las reformas y sobre el tripartismo existente en los países industriales desarrollados:

1. El tripartismo produce reformas económicas que concilian eficacia y equidad; por ejemplo, moderando el ritmo del cambio o compensando a los perdedores.

2. El tripartismo hace que las reformas económicas sean más sostenibles políticamente; por ejemplo, explicitando los acuerdos sobre reformas para convencer a los principales agentes sociales.

3. El tripartismo aumenta el margen de maniobra de los políticos nacionales en relación con los agentes internacionales; por ejemplo, los Gobiernos nacionales, pueden aprovechar el consenso en torno a políticas que se apartan de las recomendaciones externas.

Estas hipótesis se comprobaron mediante casos de ejemplo en países en desarrollo de distintas regiones. Para cada una de las cuatro regiones cubiertas, se seleccionaron dos casos que mostraban formas de tripartismo distintas, pero con ciertas similitudes en algunos aspectos para compararlos.

El tripartismo no es una simple variable binaria de sí o no, sino una cuestión de grado. Aunque muchos países en desarrollo tienen instituciones tripartitas (Gobierno, sindicatos y patronal), éstas suelen ser demasiado débiles como para tener una influencia significativa en la formulación de políticas, ya que sólo funcionan de forma esporádica, son puramente consultivas u operan en contextos autoritarios que restringen la autonomía de estos agentes. La mera presencia de órganos tripartitos o el alcance de sus prerrogativas legales no sirven como barómetro para medir la incidencia del tripartismo.

La distinción entre tripartismos débiles y fuertes implica múltiples dimensiones, por lo que es difícil clasificar a los países claramente en un continuo débil-fuerte. Se emplearon cinco indicadores para evaluar la fuerza del tripartismo en un cada país: 1) el alcance de las consultas y negociaciones políticas; 2) el número de acuerdos alcanzados; 3) el alcance de los acuerdos; 4) la continuidad de las prácticas y, 5) la fuerza y la autonomía de la representación laboral. Los cuatro primeros indicadores miden la incidencia, la amplitud y la productividad de los intercambios entre las tres partes, mientras que el quinto tiene que ver con las condiciones organizativas subyacentes.

Principales conclusiones

Los hallazgos que se presentan en Blunting neoliberalism apoyan claramente la hipótesis mencionadas anteriormente, según las cuales, un tripartismo relativamente fuerte genera reformas económicas que concilian la eficacia y la equidad. Si bien las negociaciones tripartitas no alteraron el contenido esencial de las reformas orientada al mercado, sí que llamaron la atención sobre cuestiones de equidad y mitigaron las repercusiones sociales. Los mecanismos varían de país en país, pero incluyen diferentes combinaciones de los siguientes factores: esfuerzos para mitigar los trastornos y moderar el ritmo o limitar el alcance de la reforma estructural; medidas para compensar a los perdedores y para promover el ajuste mediante formación y políticas industriales; políticas que refuerzan los derechos del trabajador y la protección social; esfuerzos por reducir la desigualdades en los ingresos.

En los casos de más éxito, la política de ingresos ha sido clave para los acuerdos tripartitos y una herramienta muy útil para la gestión macroeconómica. Eslovenia, por ejemplo, lleva aplicando medidas tripartitas en el establecimiento de salarios desde mediados de la década de los noventa para rebajar la inflación y limitar la dispersión salarial a medida que realizaba su transición a una economía de mercado, manteniendo niveles bajos de desempleo. Singapur ha utilizado el establecimiento de salarios tripartito desde 1970 para promover la flexibilidad y el crecimiento moderado de los salarios, potenciar la economía en sectores con un mayor valor añadido y responder a las crisis externas. Además de las políticas de ingresos, ambos países tienen programas extensivos de formación, resultado de las negociaciones entre los agentes sociales, que en Singapur se han combinado con políticas industriales y con una intervención activa del Estado, y Eslovenia, con una sólida legislación de protección de los trabajadores y una reestructuración gradual para garantizar la fluidez en la transición económica sin un desgaste social excesivo.

El tripartismo ha reforzado los programas de bienestar universal y la fiscalidad progresiva en Eslovenia, y ha sido una pieza clave en la expansión de la protección social en Singapur durante todos estos años. Estas medidas ayudaron a Eslovenia a convertirse en el primer país en transición en unirse a la zona monetaria del Euro en 2007 con unas buenas cifras de empleo y un grado muy bajo de desigualdad en los ingresos. Singapur, por su parte, tiene un largo historial de estabilidad macroeconómica y un bajo desempleo, pero sufre una gran desigualdad en cuanto a los ingresos de los trabajadores. Aunque el tripartismo en Singapur se ha institucionalizado y ha influido en la formulación de políticas, la limitada autonomía de los sindicatos con respecto al Gobierno puede explicar el poco énfasis que se le ha dado a la distribución igualitaria. Sin embargo, la preocupación por la equidad se ha hecho evidente en las respuestas políticas a la crisis asiática financiera de 1998 y en la creciente atención que se le ha prestado en los últimos años a la difícil situación que viven los trabajadores con salarios bajos.

Los resultados de Blunting neoliberalism también apoyan la hipótesis de que el tripartismo hace que las reformas económicas sean más sostenibles. Esto es así incluso en aquellos casos en que el tripartismo es más débil, como en Chile, donde el Acuerdo Marco de 1990 supuso la aceptación de la economía liberalizada heredada de Pinochet por parte de los sindicatos, así como la aceptación de un aumento en el gasto social en democracia por parte de los empresarios. El contraste entre Polonia y Eslovenia ayuda a ilustrar este punto: el mientras el unilateralismo del Gobierno polaco ha dado lugar a muchas protestas, como las de los mineros, que tuvo que resolverse mediante medidas muy costosas, los sindicatos eslovenos cobraron protagonismo gracias al tripartismo y alcanzaron reformas negociadas que han demostrado ser mas sostenibles.

En ocasiones, el tripartismo ha desempeñado un importante papel estabilizador durante las crisis. El pacto social alcanzado en 1998 en la República de Corea ayudó a garantizar el FMI y a los mercados de capitales que el Gobierno tomaría medidas enérgicas contra la crisis financiera asiática. Del mismo modo, en 2002 el consenso tripartito contribuyó a que Uruguay pudiese restablecer la confianza pública en el sistema bancario y evitase así la agitación social y política que la crisis financiera había desatado en la vecina Argentina. El tripartismo ha ayudado a reducir la incertidumbre y garantizar la gobernabilidad durante la transición democrática en Sudáfrica, Chile y Uruguay.

Hay pocos datos en los casos de ejemplo para apoyar la hipótesis de que el tripartismo aumenta el margen de maniobra de los responsables políticos nacionales con respecto a los agentes internacionales. La única excepción es la reforma de pensiones en Eslovenia, donde el consenso tripartito fue crucial para rechazar el proyecto del Banco Mundial a favor de un enfoque que se consideró más apropiado para las circunstancias locales.

Desde una perspectiva laboral, el tripartismo examinado en Blunting neoliberalism ha cumplido un propósito principalmente defensivo y es, a este respecto, muy diferente del tipo de tripartismo que ayudó a fundar el modelo social corporativista clásico que empapó la experiencia europea en la era keynesiana de posguerra. Este modelo se basaba en la noción de "intercambio político", por el que los sindicatos intercambiaban su compromiso para reclamar demandas salariales moderadas a cambio de políticas de pleno empleo y el desarrollo de estados de bienestar integrales. Sudáfrica es un buen ejemplo de las limitaciones a las que se enfrentan las instituciones tripartitas al tratar de aplicar políticas redistributivas en las condiciones actuales, y en general, de las dificultades que encuentra la socialdemocracia en los países en desarrollo. Este país salió del régimen del apartheid comprometido a reducir las desigualdades y con instituciones participativas en prácticamente todos los ámbitos políticos, lo cual garantizaba una fuerte participación tripartita en la formulación de políticas. Sin embargo, en 1996, en medio de una crisis monetaria y de fuga de capitales, el Gobierno abandonó unilateralmente su programa económico keynesiano de izquierdas para adoptar una estrategia macroeconómica más ortodoxa sobre la base de la reducción del déficit fiscal, la relajación de los controles de cambio y la privatización, pasando por encima de las instituciones tripartitas y declarando que la decisión era «innegociable» a pesar de las fuertes objeciones de los sindicatos aliados. Este giro limitó el margen para el gasto social e impidió que se adoptaran propuestas más ambiciosas en cuanto a política social.

A pesar de sus limitaciones, no puede ignorarse la influencia que ha ejercido el tripartismo en la adopción de reformas económicas neoliberales. Las negociaciones tripartitas han permitido a los agentes sociales incorporar medidas encaminadas a minimizar los trastornos, fomentar el ajuste y reforzar la protección social en momentos de grandes cambios estructurales. Los escépticos suelen sospechar que este tipo de acuerdos tienen un precio y ven el tripartismo como un mecanismo para que los participantes protejan sus intereses particulares en detrimento de los agentes externos y de la eficacia de las medidas económicas. Sin embargo, el hecho de que pueda pensarse que el tripartismo atiende a intereses particulares depende de factores tales como el grado en que los sindicatos y las asociaciones de empresarios ejercen su labor representativa e incluyente, su orientación estratégica y su deseo o capacidad para forjar coaliciones con agentes externos. Los casos de ejemplo no han logrado demostrar si esto supone un inconveniente para el tripartismo.

A raíz de estos resultados, se podría decir que un tripartismo fuerte puede ayudar a los países a negociar para hacer frente a las presiones de la globalización y lograr un crecimiento más equilibrado socialmente.

Translation of the original article published by Lydia Fraile in the ILO website.

This article has been MT and postedited.

The Business of Disaster - Haiti

2010-04-18T11:07:00.000-07:00

Much of the money sent to Haiti by the first world countries to help after the quake is being distributed through private-owned companies with a proven record of criminal allegations.

"Un ejercicio masivo de reconstrucción de un país a una escala y con un alcance que no se había visto desde hacía generaciones." Así calificaba el Secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la conferencia internacional de donantes del 31 de marzo en Nueva York, donde varias naciones extranjeras y otras instituciones internacionales prometieron 5.300 millones de dólares para Haití en los próximos 18 meses, de los cuales 1.150 millones proceden del Gobierno de EE. UU. Ban agregó: "Hoy nos hemos movilizado para darles a Haití y a su pueblo lo que más necesitan: la esperanza de un nuevo futuro".[i]

Según un sondeo informal para recoger la opinión de los ciudadanos sobre los planes de la comunidad internacional para su país, realizado en febrero y marzo de 2010 en las zonas urbanas y rurales de Haití, ninguno de los encuestados expresó "esperanza" ni perspectivas similares sobre los planes de las potencias extranjeras. Su experiencia de "reconstrucción nacional" por parte de dichas potencias no ha sido positiva, ni en el proceso ni en el resultado.

Veintidós organizaciones haitianas, en representación de colectivos religiosos, asociaciones de mujeres, grupos pro derechos humanos, dedicados al desarrollo y a la resolución de conflictos, entre otros, tenían una opinión muy clara sobre las tres reuniones de donantes internacionales celebradas en la últimas semanas. "[El] proceso se caracteriza por una exclusión casi total de los agentes sociales haitianos y una participación débil y descoordinada de los representantes del Estado haitiano [...] Necesitamos un proceso alternativo que pueda definir un nuevo proyecto nacional que incorpore estrategias para combatir la exclusión, la dependencia política y económica, y la pobreza."[ii]

Mientras tanto, ¿adónde van a parar los miles de millones de la ayuda extranjera?

Del dinero de EE. UU., 40 centavos de cada dólar se destinan a los militares de aquel país, según informaciones de USAID y de la ONU recopiladas por la organización Associated Press.[iii] Menos de un centavo va al Gobierno haitiano. Los contratos del Gobierno de EE. UU., pagados con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses, se están repartiendo entre corporaciones privadas de ese país para las labores posteriores al seísmo, incluidas las evaluaciones de daños, la seguridad, el "apoyo [militar] a la misión", el envío de suministros, la limpieza, la reconstrucción, la planificación a largo plazo o la "vigilancia de la seguridad alimentaria", entre muchas otras.

A principios de marzo, se celebró una "Cumbre de Haití" en la que una serie de empresas se reunieron para discutir las posibilidades de contrataciones tras el seísmo. La reunión fue organizada por la IPOA (International Peace Operations Association), cuyos miembros pertenecen en su mayoría al sector de la seguridad. Entre ellos, figura Triple Canopy, la compañía que se hizo cargo del contrato de Blackwater en Irak. Al director de la IPOA se le ocurrió la idea de la "Cumbre de Haití" en medio de su reciente "Cumbre para la reconstrucción de Afganistán".[iv]

Entre las empresas que ya han recibido contratos en Haití, se encuentran:

* GEO Group, Inc.: anteriormente conocido como Wackenhut Corrections Corp., el actual grupo GEO es una empresa privada de prisiones que ha trabajado para agencias gubernamentales estadounidenses en todo el mundo; alrededor del 40 % de sus ingresos provienen del Gobierno de EE. UU.[v] Hace poco, este grupo empresarial recibió un contrato del Departamento de Seguridad nacional estadounidense por valor de 260.589 dólares por "servicios de vigilancia".[vi] El Grupo GEO gestiona actualmente 61 instalaciones en todo el mundo, incluyendo el Centro de Operaciones de Inmigración de la Bahía de Guantánamo, que sirve como un centro estadounidense de detención de inmigrantes.[vii] El pasado enero, GEO acordó pagar más de 40 millones de dólares para resolver una demanda relativa a una muerte a golpes en una de sus instalaciones.[viii] En 2007, en otro acuerdo extrajudicial, GEO pagó 200.000 dólares a la familia de una mujer que alegó haber sido violada y golpeada después haberla encerrado en un bloque de celdas con reclusos varones.[ix]

Aunque los detalles no se han hecho públicos, el contrato recién adjudicado a GEO para la misión en Haití "amplía el período de vigencia y aumenta los fondos para la oleada de Haití", lo que indica un posible aumento de su contrato actual para el Centro de Operaciones de Inmigración.[x] "Guantánamo va a ser un activo enormemente valioso en el desarrollo de esta misión", explicaba hace poco un portavoz del Departamento de Estado estadounidense a los periodistas, en relación con los esfuerzos de EE.UU. en Haití.[xi]

Recientemente, el Congreso de EE.UU. ofreció la oportunidad de solicitar el estatuto de protección temporal a los haitianos que ya vivían en EE.UU. en el momento del terremoto, lo que les permite permanecer en el país durante un periodo adicional de 18 meses. El nuevo proyecto de ley no protege a nadie que haya tratado o esté tratando de salir de Haití tras el terremoto.

El 31 de marzo, el New York Times informó de que, en medio del caos posterior al seísmo, al menos 30 supervivientes fueron acogidos en aviones por los marines estadounidenses con destino a EE. UU.[xii] A su llegada, fueron encerrados en un centro de detención de Florida y, más de 2 meses después, aún seguían bajo custodia. Este centro de detención está gestionado por el grupo GEO, de acuerdo con el contrato de larga duración que firmó con la agencia gubernamental de inmigración y aduanas (ICE). Un grupo de asesores jurídicos ha estado tratando de convencer a los funcionarios para que liberen a los detenidos y los pongan en contacto con sus familiares en EE. UU. Según los abogados del Centro de Defensa del Inmigrante de Florida, estas personas han recibido poca o ninguna atención psicológica.

* Development Alternatives, Inc. (DAI): DAI recibió un contrato de 50 millones de dólares de USAID pocas semanas después del terremoto, según el diario The Miami Herald. El contrato se adjudicó a través de la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID, cuya misión es "apoyar la política exterior de EE. UU. [...] [proporcionando] asistencia centrada en las necesidades de transición y estabilización políticas". Según el New York Times, DAI trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Estado "en el desembolso de fondos en todo el mundo".

El New York Times también informó de que, en Venezuela, la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID utilizó a DAI para canalizar fondos que distribuía entre grupos críticos con el Gobierno de Chávez lo largo de 2005 y 2006, según documentos obtenidos a través de una solicitud a tal efecto, en virtud de la Ley de libertad de información estadounidense (FOIA).[xiii] A principios de este año, un empleado directo de DAI en Cuba fue acusado por el presidente de la Asamblea Nacional de ese país de trabajar para los servicios de espionaje de EE. UU. El Washington Post vinculó a dicho empleado con "un controvertido programa para fomentar la democracia (que se había ampliado de manera espectacular durante la administración Bush) con objeto de proporcionar equipos de comunicación para romper el 'cerco informativo' del Gobierno cubano".[xiv]

* Fluor: Fluor recibió un contrato de 50.000 dólares tras el seísmo para "coordinar las operaciones de las bases y el apoyo logístico" con los efectivos estadounidenses.[xv] Fluor es una de las 200 empresas con mayor capital de Haití. Según su página web, tiene una presencia global en 60 países y una de sus principales áreas de actuación son las "operaciones de apoyo militar en todo el mundo", incluyendo "la logística, la construcción de campamentos base, la vivienda, el transporte, el combustible, las comidas, la lavandería, el ocio y otros servicios de apoyo".[xvi]

Fluor ha recibido contratos de apoyo militar en Irak y Afganistán, y de apoyo para huracanes en la costa del Golfo de EE. UU. El periódico Usa Today publicó en su día que Fluor había pagado 3,2 millones de dólares para acallar unas acusaciones según las cuales la compañía habría abultado sus facturas relativas a las labores de limpieza tras el huracán Hugo en 1989. En 2001, llegó a un acuerdo extrajudicial similar por valor de 8,5 millones de dólares tras haber sido acusada de facturar al Gobierno estadounidense por trabajos realizados para otros clientes.[xvii]

Beverly Bell ha trabajado con los movimientos sociales de Haití durante más de 30 años. También es autora del libro Walking on Fire: Haitian Women's Stories of Survival and Resistance (Caminando sobre el fuego: historias de supervivencia y resistencia de mujeres haitianas). Trabaja como coordinadora de Other Worlds www.otherworldsarepossible.org, una organización que promueve alternativas sociales y económicas. También es miembro asociado del Instituto de Estudios Políticos. Tory Field es organizadora, agricultora y socia del programa Other Worlds.

Translation of the original article published by Beverly Bell and Tory Field in Common Dreams.

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Spain: End Amnesty for Franco Era Atrocities

2010-04-07T13:19:00.000-07:00

Spanish authorities should abide by the United Nations call for an end to its 1977 amnesty law rather than prosecuting a judge seeking accountability for past abuses, Human Rights Watch said on the19th March 2010.

Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de las Naciones Unidas de poner fin a la Ley de amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado, señaló Human Rights Watch el pasado 19 de marzo de 2010.

El Magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está siendo investigado penalmente por indagar 22 casos de presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951. Los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país (1936-1939) y la dictadura del General Francisco Franco (1939-1975), invocando una ley de amnistía de 1977 que se aplica a todos los delitos “de intencionalidad política” cometidos antes de diciembre de 1976. Uno de los principales argumentos en contra de Garzón es que en su investigación sostuvo que la ley de amnistía no se aplicaba a los delitos de lesa humanidad.

“Los tribunales españoles, que se han distinguido por no investigar denuncias de delitos aberrantes cometidos en el pasado, curiosamente hoy están siendo activos en la investigación de un magistrado que buscó impulsar la rendición de cuentas por esas atrocidades”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El Tribunal Supremo está llevando a cabo una investigación penal para determinar si Garzón incurrió en el delito de prevaricación. Un magistrado del Tribunal Supremo afirmó que Garzón no había aplicado la ley de amnistía de 1977 a los casos de desapariciones forzadas, y que no existen fundamentos de derecho internacional para impedir que estos delitos se beneficien de la ley de amnistía. Garzón apeló esta decisión y la apelación se encuentra pendiente.

Conforme al derecho internacional, los Gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos un recurso efectivo, incluidas la justicia, la verdad y reparaciones adecuadas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICDP), ratificado por España en 1977, dispone específicamente que los Gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades… hayan sido violados [pueda] interponer un recurso efectivo”.

En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la ley de amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no apliquen plazos de prescripción a los delitos de lesa humanidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009, como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar los actos de tortura o barbarie.

Human Rights Watch ha reconocido la contribución de la labor del magistrado Garzón para obtener justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo. En una iniciativa histórica, Garzón aplicó el principio de jurisdicción universal (ahora limitado por el Congreso español) para acusar al dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio y la tortura de miles de personas, lo cual permitió la detención de Pinochet en Londres en 1998. Su detención fue clave para impulsar que el sistema de justicia chileno juzgara los abusos del pasado. Asimismo, a solicitud de Garzón, fue posible la extradición desde México de Ricardo Miguel Cavallo, un ex militar argentino implicado en la comisión de atrocidades durante la dictadura militar. Cavallo fue extraditado a España en 2003 acusado de genocidio y terrorismo, y finalmente fue enviado a Argentina para ser juzgado por los tribunales de ese país.

“La interpretación rigurosamente ajustada al derecho internacional realizada por Garzón ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos cometidas en otros países”, expresó Vivanco. “Es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero”.

Spanish Voting System Remains Unfair

2010-03-19T14:43:00.000-07:00

The Spanish Parliament has closed a bitter two-year discussion about the current electoral system, which does not represent the real number of votes per party, leaving key political options out of the decision-taking process and assuring a virtual bipartidism for the years to come.

The following articles published by the Spanish newspaper Público shed some light about a topic not covered in other Spanish mass media.

La injusticia electoral

Ignacio Escolar

Es una cuenta tan evidente, tan escandalosa, que sorprende que el Congreso haya necesitado dos años de comisión para llegar a cero, a la nada con sifón. Si divides el número de diputados de cada partido por sus votos descubres, con pavor, que cada parlamentario del PSOE o del PP representan, de media, a unos 67.000 votantes; mientras que en cada escaño de Izquierda Unida se amontonan, apretujados, casi medio millón de electores. Ésa es la grandeza de las matemáticas, ésa es la miseria de nuestra democracia. La división es sencilla, pero a nuestros parlamentarios les ha llevado dos años de inútiles reuniones para después concluir con ese viejo adagio de los informáticos: si funciona no lo toques. Y vaya que si funciona, al menos para ellos.

La ley electoral española –sin pecado concebida, como la transición– ha cumplido con nota su objetivo: fomentar el bipartidismo y favorecer a la derecha. Si se aplicasen algunas de las reformas propuestas para avanzar hacia un sistema verdaderamente proporcional, sería casi imposible que un PP tan radical como el de los últimos años pudiese aspirar a gobernar con mayoría absoluta, al tiempo que permitiría muchas opciones de alianzas entre partidos de izquierdas. Como ha escrito en Público Vicenç Navarro, ese sistema electoral injusto, que nació bajo la amenaza del golpismo, es una de las principales causas del subdesarrollo social de España, el país con menor gasto social por habitante de nuestro entorno.

Aunque algo sí ha hecho esa inútil comisión: habrá diputados de reemplazo por bajas de paternidad o de enfermedad y cambiará la papeleta del Senado para que dejen de presentarse los candidatos por orden alfabético. Tras esta histórica reforma, alguien apellidado Zapatero (es sólo un suponer) podrá ser elegido senador sin que el secretario provincial del partido tenga que encontrar bajo las piedras a algún militante Zorrilla o Zurita para que haga de comparsa. Sin duda, hemos ganado en democracia.

¡Peligro, ley electoral! No tocar

Juan Carlos Escudier

Después de dos años de reuniones en una comisión creada al efecto, el PSOE y el PP han convenido que tenemos un sistema electoral muy apañado, que no es injusto que su representación parlamentaria sea superior en un 8,2% a sus votos, que la igualdad de sufragio está asegurada porque nadie vota más de una vez aunque a los socialistas les cueste 23.868 votos llevarse un escaño por Soria y a IU casi un millón conseguir dos en toda España, y que desbloquear las listas para que sean los ciudadanos y no los partidos quienes elijan a sus señorías iba a ser un lío para quien tuviera que contar los votos, así que mejor no complicar las cosas.

Han sido dos años de marear una perdiz y distraer al respetable, dos años para analizar informes como el del Consejo de Estado, con cuyas prudentes recomendaciones alguno ha ensayado la papiroflexia, dos años de amagar y no dar, porque sólo un ingenuo podría pensar que los grandes beneficiarios de las desigualdades del sistema iban a mover un dedo para corregirlas. Dos años, en definitiva, para concluir que la gran reforma que necesita la ley electoral es modificar la papeleta del Senado para cambiar el orden de los partidos y establecer un mecanismo que permita que las bajas por enfermedad prolongada o por nacimiento de hijos puedan ser cubiertas por parlamentarios interinos. ¿No les parece revolucionario?

Lo que socialistas y populares han perpetrado en la subcomisión es de una desfachatez clamorosa. Han comprobado que cualquier cambio, ya fuera aumentar el número de escaños de 350 a 400, como contempla la propia Constitución, reducir a un diputado la representación mínima inicial de las provincias, sustituir la fórmula D’Hont por otra que asegure mayor proporcionalidad o modificar el cómputo de los restos, reducirían las primas de las que disfrutan. El más afectado sería el partido del Gobierno, que una vez será el PSOE y otra el PP, por lo que ni en esto ha habido fisuras.

Con alguna de estas reformas, o con una combinación de varias, saldrían ganando partidos minoritarios de ámbito nacional como UPyD o IU, que en el mejor de los escenarios y con los resultados de 2008 habría pasado de 2 diputados a 13. Hasta cuatro fuerzas extraparlamentarias dejarían de serlo. También sería bueno para la democracia, pero eso, por lo visto, no tiene ninguna importancia.

Greek Government Ignores Strikers

2010-03-05T04:14:00.000-08:00

The Greek crisis illustrates how the financial markets have eroded the power of organized labor and even the elected officials of sovereign nations.

El pasado 24 de febrero, los trabajadores de los sectores públicos y privados de Grecia abandonaron su puesto para participar en la segunda huelga general en dos semanas. Los huelguistas se oponen a los drásticos recortes en el gasto público anunciados por el Gobierno en un intento de reducir el déficit galopante del país. Pero las protestas siguen cayendo en el vacío mientras el Gobierno intenta negociar una tregua financiera por parte de la Unión Europea.

Grecia está atrapada en una espiral descendente. En octubre de 2009, el nuevo Gobierno anunció que el déficit presupuestario del país fue en realidad el doble del que se había informado anteriormente, cuadruplicando así el límite de la zona euro del 3 % del PIB. Cuando los mercados financieros se dieron cuenta de la situación real de Grecia, los prestamistas comenzaron a incrementar aún más los tipos de interés sobre el dinero que Grecia necesita pedir prestado para hacer frente a su deuda.

El economista Richard Parker, profesor en Harvard y asesor del primer ministro griego George Papandreu, describe el frenesí financiero que siguió:

"[...] las operadoras de bolsa y los especuladores, siendo conscientes de la magnitud de la tarea a la que se enfrenta el Gobierno, han elevado los tipos de interés sobre los bonos griegos hasta cotas históricas, apostando por que el país se acerque a la suspensión de pagos. (El papel de las operadoras es cuando menos irónico, ya que fueron Goldman Sachs y otras importantes firmas de Wall Street las que, a principios de la década, ayudaron a los Gobiernos griegos a sacar la deuda fuera de los presupuestos estatales, creando el mismo tipo de entidades extraterritoriales y complejos intercambios de productos financieros derivados asociados al colapso del sistema bancario de EE.UU. hace año y medio. Las revelaciones de estos acuerdos por parte del New York Times generaron nuevos ataques contra el Gobierno de Papandreu, a pesar de que fue su Gobierno quien había denunciado los acuerdos.)".

En otras palabras, los bancos como Goldman Sachs, cuyas turbias relaciones crearon una enorme deuda en la sombra, ahora están apostando para que Grecia se hunda a causa de ella. Trajeron el dinero y ahora se lo llevan. Zach Carter, columnista financiero de Media Consortium, escribe:

"Goldman no estaba interesado en jugar limpio, sino en sacarle el dinero al Gobierno griego fuera como fuera. Si eso significaba sabotear activamente el mercado ocultando información importante, a Goldman no le importaba".

Como de costumbre, es la gente corriente la que lo está pagando. En respuesta a la crisis de la deuda, el Gobierno ha reducido los salarios del sector público, ha congelado las contrataciones y ha elevado la edad de jubilación de los trabajadores del sector público.

Pero eso no es suficiente para la comunidad internacional. La Unión Europea está organizando un paquete de rescate para Grecia, pero la ayuda llegará a un precio. El Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios Olli Rehn se reunió hace unos días con el ministro griego de Finanzas, George Papaconstantinou. Después de la reunión, Rehn pidió públicamente al Gobierno heleno que anunciara recortes aún más drásticos.

"El Gobierno hará lo que sea necesario [para reducir el déficit]," dijo Papaconstantinou, diligentemente.

La crisis griega ilustra cómo los mercados financieros han erosionado el poder de los sindicatos e incluso el de los funcionarios elegidos por las naciones soberanas.

Translation of the original article published by Lindsay Beyerstein in In These Times.
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Chile's Socialist Rebar

2010-03-04T04:05:00.000-08:00

Chile's quake has been on the headlines all week. Some media have used the 'Three Little Pigs' tale to take this tragedy as a good example of capitalism, ignoring the inconvenient facts of Chile's history.

Desde que la desregulación provocara una crisis económica global en septiembre de 2008 y todo el mundo se convirtiera de nuevo al keynesianismo, no ha sido fácil ser fan a ultranza del difunto economista Milton Friedman. Tan desacreditada está su marca fundamentalista del libre mercado que sus seguidores están cada vez más desesperados por apuntarse victorias ideológicas, sin importar su verosimilitud.

Veamos un ejemplo especialmente desagradable. Apenas dos días después de que Chile fuera golpeado por un terremoto devastador, el columnista del Wall Street Journal Bret Stephens informó a sus lectores de que "el espíritu de Milton Friedman sin duda estaba velando por Chile", porque, "en gran parte gracias a él, el país ha sufrido una tragedia que en otros lugares hubiera sido un apocalipsis .... No es casualidad que los chilenos vivieran en casas de ladrillo y los haitianos, en casas de paja cuando llegó el lobo para soplar y derribarlas".

Según Stephens, las políticas radicales de libre mercado recetadas al dictador chileno Augusto Pinochet por Milton Friedman y sus infames "Chicago Boys" son la razón de que Chile sea una nación próspera con "uno de los códigos de construcción más estrictos del mundo".

Esta teoría se encuentra con un problema bastante grande: el actual código de construcción chileno, elaborado para resistir los terremotos, fue aprobado en 1972. Esta fecha es sumamente importante, ya que fue el año antes de que Pinochet se hiciera con el poder en un sangriento golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Eso significa que si hay una persona que se merezca el crédito por las leyes de construcción, no es Friedman ni Pinochet, sino Salvador Allende, presidente socialista de Chile elegido democráticamente. (En verdad, muchos chilenos merecen ese crédito, ya que dichas leyes fueron la respuesta a un historial de terremotos, y la primera de ellas fue aprobada en la década de 1930).

Parece importante recordar, no obstante, que la ley fue promulgada en medio de un asfixiante embargo económico ( "Que la economía grite" fue la famosa proclama de Richard Nixon después de que Allende ganara las elecciones de 1970). El código fue posteriormente actualizado en los años noventa, mucho después de que Pinochet y los Chicago Boys fueran apartados del poder y se restableciera la democracia.

No es de extrañar: como señala Paul Krugman, Friedman fue ambivalente sobre los códigos de construcción, ya que los consideraba otra injerencia en la libertad capitalista. En cuanto al argumento de que las políticas de Friedman son la razón de que los chilenos vivan en "casas de ladrillo" en lugar de "paja", es evidente que Stephens no sabe nada del Chile anterior al golpe. En la década de 1960, ese país tuvo los mejores sistemas sanitarios y educativos del continente, así como un dinámico sector industrial y una rápida expansión de la clase media. Los chilenos creyeron en su país, por lo que eligieron a Allende para profundizar en su proyecto.

Después del golpe de Estado y de la muerte de Allende, Pinochet y sus Chicago Boys hicieron todo lo posible para desmantelar la esfera pública de Chile, subastando las empresas estatales y recortando drásticamente las regulaciones financieras y comerciales. En este periodo se creó una enorme riqueza, pero a un coste terrible: a principios de los ochenta, las políticas recetadas por Friedman y Pinochet habían causado una rápida desindustrialización del país, una multiplicación por diez del número de desempleados y una explosión de barriadas nada estables. También generaron una crisis de corrupción y deuda tan grave que, en 1982, Pinochet se vio obligado a despedir a los principales Chicago Boys que le habían asesorado y a nacionalizar muchas de las grandes instituciones financieras desregularizadas. (¿A alguien le suena?)

Afortunadamente, los Chicago Boys no lograron deshacer todo lo logrado por Allende. La empresa nacional del cobre, Codelco, permaneció en manos del Estado, bombeando riqueza a las arcas públicas y evitando que los Chicago Boys vaciasen por completo el tanque de la economía chilena. Tampoco se consiguió desmantelar el sólido código de construcción de Allende, un descuido ideológico por el que todos debemos estar agradecidos.

Gracias a CEPR para investigar los orígenes del código de construcción en Chile.

Translation of the original article published by Naomi Klein in The Huffington Post.
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Case of study - Twitter and Venezuela

2010-02-28T12:38:00.000-08:00

Communication is not about who is right and who is wrong, but about who can reach and convince more people. Social networks prove this one more time. Venezuela, having in place a "traditional" media ban law, is a good example.

Si alguna duda quedaba sobre las motivaciones, y los recursos del debate político contrarrevolucionario, el uso de las nuevas tecnologías de la información en la guerra mediática la despeja: el debate político no gira en torno a la verdad, sino en torno al poder; no pretende demostrar o convencer con argumentos e informaciones veraces, sino imponer, confundir, sorprender, atemorizar.

No son escaramuzas científicas, sino militares: el objetivo es la toma del Palacio, a como de lugar. La apuesta imperialista a favor de las nuevas herramientas de comunicación en Internet se sustenta en el dominio absoluto -financiero, tecnológico, de propiedad–, que posee sobre esas herramientas.

El caso de Twitter es paradigmático. Irán y la llamada revolución verde fue el escenario de prueba. Importantes investigadores han demostrado que las promocionadas y supuestamente masivas “denuncias iraníes” contra sus gobernantes en Twitter, tuvieron un origen extranjero: “Por ejemplo, Amira Howeydi recabó datos de la firma canadiense Sysmos -escribe Eliades Acosta Matos–, que se dedica al análisis de las redes sociales en Internet, y pudo establecer que (…) el 19 de junio, en el clímax de las protestas, el 40,3% de los mensajes venían del exterior, apenas el 23,8% declaraba originarse dentro de la nación y un 35, 7% no daban su ubicación“.

En días pasados se produjo una operación similar en torno a Venezuela. La idea de emplear Twitter para atacar a la Revolución bolivariana fue difundida de inmediato por los medios tradicionales de prensa. Aunque algunos insistían en presentar la protesta como una “espontánea iniciativa de las redes sociales”, El Nacional de Caracas anunciaba sin recato que “el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Reporteros Gráficos (llamaba) a la sociedad civil a participar en una “twitteada” a las 4:00 p. m. de hoy martes”. Sin embargo, los verdaderos organizadores de la acción mediática no parecen ser venezolanos.

Veamos los hechos: el 2 de febrero surge la etiqueta #FreeVenezuela, con unos 300 participantes iniciales (obviamente concertados de antemano). Con asombrosa rapidez ascendía al tercer lugar del treding topics: “en los primeros diez minutos #FreeVenezuela (se colocó) en el puesto número ocho de los diez temas más importantes, 20 minutos más tarde (pasaba) al cuarto lugar, y a una hora de twitts se posicionó en el tercer puesto”.

Durante dos horas logró mantener ese posicionamiento. Era la primera vez que un tema venezolano se ubicaba en esa red en un listado que supuestamente refleja a los que alcanzan altísimos índices de concurrencia. Rarezas de Internet, dirán unos; suspicacias inútiles, acotarán otros. Pero hay un dato fácilmente detectable, que ningún medio comentó: de aquellos 300 internautas iniciales, más del 65 por ciento emitía sus mensajes desde Estados Unidos, y otro 25 por ciento lo hacía desde Colombia. ¿Protesta venezolana?

Unos días después los que accedían al intercambio en #FreVenezuela se encontraron de improviso con mensajes que provenían de la cuenta @4febrero, en respaldo al presidente Chávez. El “intruso” reproducía en vivo -supuestamente desde el lugar de los hechos–, las palabras del discurso del líder venezolano. Lo amenazaron. Trataron de distraerlo en diálogos personales. Apenas pudo twittear en el “democrático” ciberespacio durante una hora. Su último mensaje decía: “Los próximos 30 años serán de grandes batallas y victorias, dice Chávez en el Patio de Honor de la Academia Militar”. Segundos después la cuenta @4febrero era cancelada por Twitter de forma definitiva, a pesar de que “el intruso” se había identificado como exigen las normas.

Otro asiduo usuario de Twitter, Yohandry, dejó un petardo virtual: “Alguien me puede explicar por qué la mayoría que participa en #FreVenezuela está fuera de ella, en EU, por ejemplo”, dijo a las 5: 52 de la tarde. Nadie contestó, aunque una recomendación sigilosa llegó a los participantes: “Desactiven el geolocalizador”. Pero Yohandry, ante la carencia de respuestas, insistió una y otra vez con su pregunta demoledora: “Al final nadie me pudo explicar por qué #FreVenezuela se hace desde Estados Unidos y Colombia”, concluyó a las 6:15 de la tarde.

De cualquier manera, la verdad no es importante; se trata de una guerra por el poder, en la que aparentemente todo vale. Por eso treinta órganos de la gran prensa estadounidense y de sus filiales latinoamericanas (Excelsior de México, o Clarín de Argentina, por ejemplo) anunciaron con la debida seriedad lo que había sido pactado como noticia: “Los venezolanos usan Twitter para protestar contra Chávez”.

Taken from librered.net.

¿TIEMPOS DE CAMBIO?

2010-02-14T05:12:00.000-08:00

Entender como sinónimos gobernabilidad (definida como la capacidad de conducción de una sociedad) y estabilidad (mantenimiento de ese orden social) es negar la parte del conflicto social que hace que las sociedades avancen hacia cotas más altas de emancipación.

Es importante notar que el consentimiento con un orden social o su confrontación es una construcción de praxis y de sentido. En otras palabras, son discursos que operan sobre la experiencia, pues los seres humanos, como hemos señalado, reelaboramos la realidad a través de las palabras. Más allá de unos mínimos vinculados a la reproducción material, e incluso aquí con matices, la valoración de un orden social por parte de la ciudadanía es fruto de la construcción intelectual que se hace de ese orden, en donde influye a su vez sobremanera el lugar social que se ocupe (de poder o de subordinación). Se trata de asumir los contextos de la realidad en una dirección similar a la que planteaba Wittgenstein para el lenguaje (sólo podía entenderse en relación con los ambientes en que se desarrollaban). La tensión entre la práctica y su representación […] existe desde que sabemos que existen conflictos sociales.

En la alborada del siglo XXI, la discusión política, es decir, la definición y articulación de esas metas y comportamientos colectivos que toda una comunidad debe cumplir, muestra un peculiar carácter paradójica. A todos los elementos señalados, donde no es el menor el acortamiento del tiempo y del espacio que llamamos globalización, hay que añadir un hecho llamativo. Por un lado, nunca hubo tantas posibilidades para lograr un mundo, en todas sus escalas geográficas, donde la riqueza estuviera mejor repartida. Esto es así tanto por el desarrollo tecnológico como por la conciencia individual generalizada de que debe ser así. La globalización de las comunicaciones permite crear una opinión pública mundial atenta a lo que ocurre en el planeta. Aun siendo cierto el monopolio mediático existente que orienta esa potencial indignación en direcciones interesadas. Pero tampoco puede negarse que son más elevadas que en otros muchos momentos de la historia las posibilidades de una comunicación alternativa, de democratizar la información y de fiscalizar el poder. De esta manera nos encontramos una vez más con que el discurso y la práctica siguen caminos diferentes. Esta situación paradójica puede analizarse, como botón de muestra, en lo ocurrido en diciembre de 2004 en el sudeste asiático. Una fractura del suelo marino (no suficientemente explicada) generó una ola gigante (tsunami) que acabó con la vida de cerca de 200.000 seres humanos y devastó varios países de la zona. Lo que hace de esta catástrofe un hecho aún más terrible es que pudo haberse evitado. La enorme ola tardó cuatro horas en llegar hasta la costa. Hubiera bastado una alerta diez minutos antes para que la desgracia se hubiera evitado, al menos en lo que concierne a vidas humanas. Pero nadie dio el aviso, pese a poseer los datos. Los Estados Unidos evacuaron la base naval de Diego García en el Índico gracias a sus alertas sísmicas. Pero no compartieron esa información.

Este tipo de incongruencias entre posibilidades y realidades genera un gran ruido social. Grandes desarrollos tecnológicos que no ayudan a salvar vidas humanas. Grandes mentiras que generan grandes conflictos (la falsa existencia de armas de destrucción masiva en el Irak de Saddam Hussein). Diferentes raseros en el ámbito mundial para medir comportamientos, derechos, exigencias y abandonos. Una homogeneización del discurso publicitario al lado de la imposibilidad de alcanzar ese objeto de deseo que se identifica con la realización vital. Enorme tecnificación de la organización social, del ocio, del trabajo, al lado de millones de personas que nunca han hecho siquiera una llamada telefónica en toda su vida. Discurso particularizador, fragmentador, individualizador (la construcción de un yo absoluto) y prácticas de consumo homogeneizadoras y alienadoras (la MacDonalización del mundo). Conmociones naturales, bélicas o económicas que estremecen a la población en muchos lugares del mundo, y utilización de ese shock por autoridades, empresas o militares como momento ideal para introducir cambios que no serían tolerados por la población en otras circunstancias.

De ahí que el panorama que muestran los últimos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo no provoque optimismo: hambrunas; generalización del trabajo precario o en condiciones de semi-esclavitud; regreso de enfermedades infecciosas que se creían superadas; aumento de la prostitución; crecimiento extremo de las desigualdades sociales; recuperación de la guerra como método válido para la solución de conflictos; crisis del Estado social y democrático de derecho; devaluación del las instancias internacionales; incremento del deterioro medioambiental; extensión del autoritarismo… [Este] desajuste entre las posibilidades y las realidades rompe la tranquilidad de este anhelante de certidumbres que es el ser humano. Nunca antes en la historia las esperanzas de la gente habían estado por debajo de sus experiencias. Lo que se espera es peor de lo que se tiene. Cambiar se identifica con empeorar. El mejor de los mundos posibles es un sarcasmo.

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NOSOTRAS, LAS CORPORACIONES

2010-01-25T11:39:00.000-08:00

En una decisión de cinco votos contra cuatro, el Tribunal Supremo de EE. UU. ha anulado una restricción con más de un siglo de antigüedad que prohibía a las corporaciones, a los sindicatos y a otros grupos de interés usar sus vastos recursos económicos para respaldar a un determinado candidato.

Los miembros conservadores del Tribunal dictaminaron que las corporaciones pueden acogerse a los derechos establecidos en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y que el Gobierno de aquel país no puede imponer limitaciones a su discurso político.

Suscribiendo la opinión de la mayoría, el juez Anthony Kennedy describió la legislación vigente sobre la financiación de las campañas políticas como una forma de censura que, según sus propias palabras, ha tenido un «considerable efecto represivo» en el discurso político de todo el país.

En el extremo opuesto, el juez John Paul Stevens describió la decisión como una desviación radical de la ley. Stevens declaró: «El dictamen del Tribunal amenaza con socavar la integridad de las instituciones elegidas en todo el país». Según este juez, la decisión «sin duda alguna, mermará la capacidad de los ciudadanos de a pie, del Congreso y de los estados para adoptar incluso medidas limitadas para protegerse ante la dominación del proceso electoral por parte de las corporaciones».

El catedrático en legislación constitucional en la American University y senador por el estado de Maryland, Jamin Raskin, ha publicado varios libros sobre este tema.

Éste es un extracto de la entrevista que le hicieron en Democracy Now!.

AMMY GOODMAN: Según su opinión, ¿qué trascendencia tiene esta decisión del Tribunal Supremo?

JAMIN RASKIN: Bueno, no es la primera vez que el Tribunal Supremo interviene para coartar la democracia en este país: el caso Shaw contra Reno, en el que se revocó la ley de los distritos de mayoría afroamericana e hispana, o el caso Bush contra Gore, en el que intervino para detener el recuento de papeletas en Florida. Pero yo diría que todos ellos palidecen frente lo que vimos el pasado jueves 21 de enero, cuando el Tribunal Supremo anuló décadas de jurisprudencia del propio Tribunal para declarar que las corporaciones privadas con ánimo de lucro pueden gastar sin límites para salirse con la suya en política. Y esto abrirá las puertas a millones, decenas de millones, cientos de millones de dólares para elecciones federales, estatales y locales, puesto que empresas como Halliburton, Enron, Blackwater, Bank of America y Goldman Sachs podrán sacar dinero directamente de sus arcas corporativas e invertirlas en nuestros políticos.

Fijémonos, por ejemplo, en una sola corporación, Exxon Mobil, la mayor de todo Estados Unidos. En 2008, sus beneficios publicados alcanzaron los 85.000 millones de dólares. De modo que si decidieran gastar, digamos, un modesto diez por ciento de sus beneficios en un año, 8.500 millones de dólares, ya sería tres veces más de lo que la campaña de Obama, la campaña de McCain y las campañas de todos los candidatos al Congreso y al Senado gastaron en 2008. Y sólo es una corporación. Imagínese lo que harían todas las empresas de la lista Fortune 500. Están amenazando con un cambio fundamental en el carácter de la política democrática de EE. UU.

AG: ¿Qué opina de la respuesta del presidente Obama?

JR: Ha sido, cuando menos, muy crítica. Dijo: «Con el dictamen de hoy, el Tribunal Supremo ha dado luz verde a una nueva estampida de dinero interesado hacia nuestras política… Una gran victoria para las grandes petroleras, los bancos de Wall Street, las compañías de seguros médicos y otros poderosos grupos de interés que hacen gala de su poder cada día en Washington para acallar las voces de los estadounidenses de a pie».

AG: Y aun así, muchos de los políticos más conservadores están señalando que Obama gastó más dinero en su elección presidencial que nadie antes en la historia de EE. UU.

JR: Eso no es más que una distracción de este debate. La cuestión aquí son las corporaciones. Y hay toda una serie coherente de precedentes, empezando por la decisión de Presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, en el caso de Dartmouth College, en 1819, hasta la del juez Rehnquist en el caso de First National Bank of Boston contra Bellotti, en la que se afirmaba que una corporación es una creación artificial del Estado. Se trata de un instrumento cuyos estatutos aprueban las asambleas legislativas del Estado para conseguir objetivos económicos. Y, como afirmó el juez Byron White, el Estado no debe permitir que su propia criatura lo consuma y lo devore.

Y eso es precisamente lo que ha hecho el Tribunal Supremo, declarar de repente que una corporación es, en esencia, un ciudadano que ostenta los mismos derechos políticos que nosotros, además de contar con todo tipo de beneficios y privilegios, como responsabilidad limitada, existencia eterna y protección frente a bancarrotas, etc. Y eso significa que nosotros estamos subvencionando a esas entidades (en ocasiones directamente, como vimos con los rescates de Wall Street) pero ellas tienen derecho a mirar hacia otro lado y gastar dinero para decidir nuestro futuro político, nuestro destino como Estado. Así que es un momento muy peligroso para la democracia estadounidense.

En otros tiempos, los ciudadanos se juntaron para desafiar al poder corporativo. Hay buen ejemplo en un fragmento de la Decimoséptima Enmienda de 1913; en ese momento las corporaciones prácticamente estaban comprando senadores, iban a las asambleas legislativas del Estad y pagaban a los legisladores para comprar a senadores de los EE. UU. y el movimiento popular dijo que nosotros teníamos que elegir directamente a los senadores. Y así es cómo lo conseguimos, a partir de un movimiento contra el poder corporativo.

Lo que necesitamos es un movimiento que abogue por una enmienda constitucional que declare que las corporaciones no son personas con derechos a expresar su postura política. Y eso es lo que el Presidente debería estar pidiendo ahora mismo, porque ninguna ley va a solucionar esto.

Ahora bien, una cosa que el Congreso sí que puede hacer es decir: «Si has hecho negocios con el Gobierno federal, no puedes gastar dinero en los candidatos a las elecciones federales». Eso es algo en lo que el Congreso debería estar trabajando, para votarlo la semana próxima. Me parece que está bastante claro: nada de pagar para jugar, por lo que se refiere al Congreso de los EE. UU.

Yo creo que los ciudadanos, los consumidores y los accionistas de todo el país deberían comenzar a movilizarse en masa para exigir que las corporaciones se comprometan a no involucrarse en política y no gasten dinero de esa manera. Deberían ocuparse de la economía y de la producción y el sustento económicos, en lugar de tratar de decidir qué ocurre en nuestras elecciones.

AG: El Tribunal Supremo tiene fama de conservador pero, ¿no se trata de una postura muy activa por parte de los jueces?

JR: Mucho, El Tribunal Supremo se ha movilizado para acabar con una ley que lleva varias décadas en los libros. Y lo que es más, se ha movilizado cuando las partes interesadas ni siquiera les han pedido que decidan sobre ella. La plataforma Citizens United, el grupo contra Hillary Clinton… Ni siquiera ellos han pedido que se borraran décadas de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los derechos de las corporaciones con respecto la Primera Enmienda. Fue el Tribunal quien planteó la cuestión, hizo que los partidos repasaran las decisiones anteriores y finalmente ofreció la respuesta a la pregunta que había planteado el propio Tribunal, o más bien los cinco jueces conservadores.

[...]

Y ahora la gente se hace una pregunta muy seria: «¿Tendremos la visión y el poder político para movilizarnos y exigir una enmienda constitucional, para recordar que nuestra Constitución dice “Nosotros, el pueblo” y no “Nosotras, las corporaciones”?»

El vídeo completo de la entrevista, aquí.

TRADUCIR EN TIEMPOS REVUELTOS

2010-01-23T15:14:00.000-08:00

Los vertiginosos cambios en las comunicaciones internacionales de los últimos años han afectado a todos los que trabajamos en ellas de manera directa o indirecta, a veces para bien y otras veces para mal. Veamos cómo están las cosas a comienzos de 2010.

Tecnología

La traducción automática ya es una realidad. Ha llegado como una ola que lo arrasa todo y parece que a los traductores no nos queda otra que subirnos a ella o ser arrastrados a la orilla. De momento, las grandes empresas de informática (software y hardware) están empezando a aplicar motores de traducción automática a sus proyectos. Más concretamente, se trata de motores de SMT (statistical machine translation) patentados que generan contenidos a partir de las enormes memorias de traducción de cada empresa (piénsese en gigantes como Apple, Microsoft u Oracle). Por otro lado, Google no deja de mejorar y diversificar sus servicios gratuitos de traducción automática también basados en un motor de SMT: textos y páginas web, como parte de su interfaz para traductores, en Google Docs y como aplicación descargable. Parece ser que de momento ellos también van a seguir confiando exclusivamente en la tecnología, sin reglas lingüísticas ni ayuda humana.

Por su parte, las herramientas de traducción asistida (CAT) han ido incorporando nuevas funciones durante los últimos años: ICE Matches o "101% Matches", autopropagación, aplicación de varias memorias, comprobaciones de corrección lingüística y técnica, compatibilidad de más formatos, integración de glosarios, fusión y división de archivos, conexión con servidores, etc. Todos estos adelantos han mejorado la gestión, la calidad y la productividad de los proyectos de traducción. En su última versión, SDL Trados Studio ha incorporado una herramienta de escritura predictiva inteligente, AutoSuggest, que promete agilizar el trabajo diario de los traductores, habrá que ver hasta qué punto.

Colaboración

Desde hace un tiempo, hay una curiosa palabra circulando en los foros de traducción: crowdsourcing. Se trata de una manera de traducir en grupo y sin cobrar. No hace falta ser traductor ni experto en la materia, tan sólo hace falta voluntad y tiempo libre. De ahí que lo prioritario en estos proyectos no sea la calidad de la traducción sino la posibilidad de comunicación en otro idioma. Hoy en día, algunas ONG utilizan este método para traducir muchos de sus documentos de trabajo, pues estas organizaciones suelen tener diversas necesidades de traducción y no todas pueden ser remuneradas a los precios del mercado (por muy bajos que éstos sean en algunos países, como es el caso de España). Además, ciertas empresas cuentan con portales colaborativos, cuyos productos se basan en la aportación tecnológica de los usuarios, como los programas de código abierto de Sun. Otras como IBM, en cambio, confían en sus propios empleados para alimentar herramientas de traducción automática, sin ni siquiera recurrir a traductores profesionales. Últimamente ha sido muy comentado el caso de Facebook, que lanzó una campaña entre sus usuarios para traducir toda su interfaz de manera gratuita. Esta campaña tuvo tanto éxito que otra plataforma similar, Twitter, ha copiado el modelo y ya cuenta con versión completa en castellano gratis. Uno de los proyectos más veteranos en esto del crowdsourcing es el de la Wikipedia, que ya cuenta con más de 500.000 artículos en castellano, más de 150.000 en catalán, y más de 40.000 en gallego y euskera, pero hay más proyectos, muchos más.

Consecuencias

Para los traductores, sobre todo para los técnicos, el cambio de modelo que supondría la adopción generalizada de la traducción automática les convertiría en lo que se ha dado en llamar “posteditores”, es decir, se limitarían a revisar la traducción de la máquina según unos determinados parámetros de calidad. Por supuesto que la traducción automática (aún) no es aplicable a muchos ámbitos, como el audiovisual, el literario, el periodístico o incluso el jurídico, así que (de momento) los traductores de éstas y otras especialidades más creativas o exigentes pueden estar tranquilos.

En cuanto al modelo “colaborativo” de traducción, por ahora sus ámbitos de aplicación se reducen a iniciativas sin ánimo de lucro, plataformas tecnológicas abiertas y redes sociales. Eso no significa, sin embargo, que las organizaciones que están detrás de estas “comunidades” confíen todas sus traducciones a usuarios anónimos, sino que en ciertos casos, ya sea por requisitos de tiempo, de dinero o de conocimientos, recurren a sus propios usuarios o colaboradores para hacer el grueso del trabajo. No obstante, iniciativas como la de IBM, demuestran que este modelo también puede utilizarse para intentar arrebatar nichos de mercado al traductor profesional. Veremos en qué acaba todo esto.

En cualquier caso, está claro que el mundo de la traducción no es uniforme y que todas estas tendencias no afectarán a todos los traductores por igual, pero convendría no cerrar los ojos ante la cantidad de oportunidades de comunicación que se crearán (y que ya se están creando), tanto entre particulares como en toda clase de organizaciones con necesidad de comprender y divulgar información en otros idiomas. Sí que se cerrarán puertas, pero con el tiempo se abrirán muchas otras…

¿TONGO EN LA COP15?

2009-12-08T16:29:00.000-08:00

Según el periódico británico The Guardian, los países en desarrollo han «reaccionado airadamente» después de que el pasado martes se filtrará un borrador supuestamente redactado por el país anfitrión de la conferencia de la ONU.

Durante más de una semana circuló el rumor de que Dinamarca, que acoge la actual cumbre sobre el cambio climático, había preparado un texto de compromisos. La tarde del segundo día de la conferencia, The Guardian publicó lo que –aseguraba– era una copia de dicho texto. El rotativo inglés también afirmaba haber tenido acceso a «un análisis confidencial del texto por parte de los países en desarrollo» que «dejan ver un gran malestar».

«Hay que escuchar a todos los países. Ése es el fundamento de la democracia y eso es lo que se ha venido pregonando en Dinamarca. Lo que el Primer Ministro danés (Lars Løkke Rasmussen) ha hecho va en contra del espíritu de la ayuda al desarrollo, que Dinamarca ha proporcionado a África durante años», comentó al periódico danés Politiken el representante del G77 (compuesto en su mayoría por países en desarrollo) Lumumba Stanislaus Di-Aping.

El borrador colgado en el sitio web de The Guardian lleva como encabezamiento «El Tratado de Copenhague dentro de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático». Señala 2020 como el año en el que las emisiones tocarían techo, «reconociendo que los países desarrollados en su conjunto ya han tocado techo y que los países en desarrollo tardarán más tiempo». En el texto se especifica que las emisiones de los países desarrollados deberían reducirse un 80 por ciento en 2050 con respecto a los niveles de 1990. También se propone que se fije un objetivo temporal para la reducción de emisiones por parte de los países desarrollados para 2020, una de las exigencias clave de los países en desarrollo. No obstante, de momento la cifra no es más que una «X», una incógnita que no se despejará hasta las negociaciones de alto nivel de la semana que viene.

Uno de los puntos más conflictivos de las negociaciones de la ONU ha sido si ciertos países en desarrollo deberían comprometerse. De acuerdo con el tratado actual, el Protocolo de Kioto, todos los países en desarrollo estaban exentos de obligaciones, pero los países industrializados han hecho hincapié en que esto no será posible en el futuro. A este respecto, el «texto danés» dice que «los países en desarrollo, salvo los menos desarrollados, que podrán contribuir según su criterio, se comprometen a medidas de mitigación nacionales apropiadas». Se sugiere que estos compromisos se traducirán en porcentajes (que se negociarían la semana próxima), que deberían alcanzarse en 2020.

Siempre según fuentes de The Guardian, los países en desarrollo están desconcertados por esta nueva propuesta de división entre los «menos desarrollados» y las naciones en desarrollo. Otro tema delicado es la propuesta recogida en el borrador según la cual se transferiría un mayor control del cumplimiento del tratado de Copenhague de las Naciones Unidas (cuyo papel en el Protocolo de Kioto fue absoluto) al Banco Mundial. Dicha transferencia de competencias supondría un mayor control por parte de los países industrializados.

Según el diario danés Berlingske, la filtración del borrador en estos primeros días de la conferencia se ve como un hecho desafortunado desde posiciones europeas: «Es tremendamente inapropiado que este documento esté circulando a estas alturas. No debería haberse comunicado hasta la semana que viene», contó al periódico una fuente anónima de una delegación europea.

Otro diario danés, Jyllands-Posten, ha publicado un comunicado del Ministro de medio ambiente de aquel país en el que desmiente que el texto de The Guardian sea una propuesta oficial de compromisos por parte de Dinamarca.

El secretario de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Yvo de Boer, declaró en otro comunicado: «Se tata de un documento informal anterior a la conferencia y repartido entre un gran número de personas como medio de consulta. Los únicos textos formales del proceso de la ONU son los que presentan los representantes en esta cumbre de Copenhague a instancias de las Partes».

Artículo original, en inglés.
Artículo de The Guardian.
Naomi participa en la cumbre paralela, el Klimaforum09.

RABIA CLIMÁTICA

2009-12-01T01:22:00.001-08:00

La única manera de detener el calentamiento global es que los países ricos paguen por el daño que han hecho; o que afronten las consecuencias.

Artículo de Naomi Klein publicado en la revista Rolling Stone el 11 de noviembre de 2009.

Una última oportunidad para salvar el planeta. Durante meses, así es como se anunció la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Copenhague prevista para principios de diciembre. Finalmente, representantes de 192 países iban a llegar a un acuerdo para mantener las temperaturas de todo el mundo por debajo de niveles catastróficos. La cumbre reclamaba «esa sensación de unidad ante un gran desastre que amenaza a la Tierra en su conjunto, como en los cómics de antaño», según Todd Stern, principal delegado del presidente Obama en cuestiones climáticas. «No se trata ni de un meteorito ni de una invasión espacial, pero el daño a nuestro planeta, a nuestra comunidad, a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, será de igual magnitud.»

Eso fue en marzo. Desde entonces, la interminable batalla de la reforma sanitaria en EE. UU. ha restado mucho del impulso inicial de Obama sobre el cambio climático. Ahora que probablemente Copenhague arranque antes de que el Congreso estadounidense haya aprobado una ley de mínimos redactada junto con el lobby del carbón, los políticos de ese país han cambiado las metáforas superheroicas por unas expectativas más bajas para conseguir sacar adelante un acuerdo serio en la cumbre climática. Es sólo una reunión, ha declarado el Secretario de Energía estadounidense, Steven Chu, no «la cumbre de todas las cumbres».

Mientras la fe en las medidas del Gobierno disminuye, los activistas ecologistas miran a Copenhague como una oportunidad de otro tipo. Destinada a ser el mayor encuentro medioambiental de la historia, esta cumbre representa una oportunidad para cambiar la política de medidas poco ambiciosas y generosas con las empresas, como las compensaciones por dióxido de carbono y el mercado de emisiones, e introducir propuestas eficaces basadas en el sentido común, ideas que tengan menos que ver con crear nuevos y complejos mercados para la contaminación y más con dejar de extraer carbón y petróleo.

Una de las propuestas más inteligentes y prometedoras (además de controvertidas) es la de la «deuda climática», según la cual los países ricos deberían pagar la indemnizaciones a los países pobres por la crisis climática. En el ámbito del activismo contra el cambio climático, esto marca un cambio sustancial tanto en el tono como en el contenido. El movimiento medioambiental estadounidense tiende a tratar el calentamiento global como una fuerza que trasciende las diferencias: todos compartimos este frágil planeta azul, de modo que todos hemos de trabajar juntos para salvarlo. Pero la coalición de Gobiernos latinoamericanos y africanos defienden el argumento de la deuda climática, que pone énfasis en las diferencias y apunta directamente al cruel contraste entre aquéllos que han causado la crisis climática (el mundo desarrollado) y los que están padeciendo sus peores efectos (los países en desarrollo). Justin Lin, economista jefe del Banco Mundial, explica la ecuación sin rodeos: «alrededor de un 75 a un 80 por ciento» de los daños causados por el calentamiento global «lo sufrirán los países en desarrollo, aunque ellos sólo generan un tercio de los gases de efecto invernadero».

La expresión «deuda climática» se refiere a quién se hará cargo de pagar la cuenta. Las bases del movimiento que defienden esta propuesta argumentan que todos los costes asociados a la adaptación a una ecología más hostil (desde la construcción de presas más reforzadas al cambio a la adopción de tecnologías más limpias y caras) son responsabilidad de los países que han creado la crisis. «Lo que necesitamos no es algo para lo que tengamos que suplicar, sino algo que se nos debe, porque nos estamos enfrentando a una crisis que no hemos generado», afirma Lidy Nacpil, una de las coordinadoras de Jubilee South, una organización internacional que ha celebrado manifestaciones para apoyar las indemnizaciones climáticas. «La deuda climática no es una cuestión de caridad.»

Sigue leyendo (en inglés).

Entrevista a Naomi Klein sobre la cumbre de Copenhague (vídeo abajo).

Sitio web oficial de la cumbre.

EL GOBIERNO DE LAS PALABRAS

2009-11-29T12:19:00.000-08:00

Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de las cacerías las seguirán escribiendo los cazadores.

Proverbio africano (recogido por Eduardo Galeano)

¿Crisis o desaceleración?, ¿pandemia o enfermedad?, ¿flexibilidad laboral o abaratamiento del despido? Términos como éstos, que llevamos meses oyendo, son sólo un ejemplo de la habitual manipulación terminológica de los hechos que nos rodean.

Durante los últimos meses, y principalmente a consecuencia de los acontecimientos ligados a la crisis económica, en los medios de comunicación se han venido repitiendo una serie de informaciones y opiniones cargadas de neologismos, definiciones y redefiniciones terminológicas que poco o nada tienen que ver con la realidad que percibimos. A este respecto, Juan Carlos Monedero escribe:

«Nombrar es traicionar. Al nombrar, el ser humano deja necesariamente cosas fuera del verbo y del sustantivo, pone énfasis en otras, fija la atención en un aspecto concreto y no en otro, se le van adhiriendo con el tiempo matices, contextos, significaciones, usos y abusos, en definitiva, interpreta la realidad, y luego la congela en habitus que se convierten en lastres para la emancipación. […] “Cuando se oye una palabra –escribe George Lakoff–, se activa en el cerebro su marco (o su colección de marcos). Cambiar el marco es cambiar el modo que tiene la gente de ver el mundo. Es cambiar lo que se entiende por sentido común. Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente”. Por eso, cuanta más gente participara en la nominación de las cosas, más cerca estarían los nombres de la experiencia particular de los miembros de una colectividad.»

Y es que, precisamente, estas informaciones cargadas de términos sospechosos nos han llegado a través de los medios de comunicación, que a su vez las han recogido de los habituales organismos económicos internacionales que actúan de custodios tanto de las riquezas del primer mundo como de las pobrezas del tercer mundo (Banco Mundial/FMI, G8/G20, Banco Central Europeo, Reserva Federal de EE. UU., etc.). Permitir que esos organismos actúen como generadores terminológicos y conceptuales es otorgarles el derecho a crear las herramientas con las que interpretamos la realidad.

Muchos de los términos que empleamos para manejarnos en el mundo actual tienen connotaciones añadidas que no percibimos, bien porque no somos conscientes de ellas o porque estamos tan habituados a ellas que las damos por sentado.

«No se trata solamente de que detrás de las palabras que justifican nuestras acciones se escondan razones que no son evidentes (la manera de pensar que está detrás de los significados heredados de cinco siglos de modernidad, de capitalismo y de Estado moderno), sino que en la era de los medios de comunicación de masas, la reproducción técnica de la realidad reinventa constantemente el mundo. La palabra oxímoron (antinomia o contradicción) ha cobrado una enorme actualidad. Hace referencia a esos conceptos que se niegan mutuamente […], tales como democracia autoritaria, pensión privada, crecimiento cero o capitalismo popular. El oxímoron ha sido recuperado en los albores del siglo XXI para demostrar la confusión entre los nombres y las cosas, el profundo alejamiento de los significantes y los significados. Lo que en poesía es válido y sirve para crear paradojas que realcen lo que se quiere ver, en política desvirtúa y genera confusión y parálisis. [...] Pero el oxímoron también se ha puesto al servicio de la mentira social al enmascarar operaciones políticas como las escondidas tras “conservadurismo compasivo” (que incluye la pena de muerte y la guerra de conquista), “desarrollo sustentable [o sostenible]” (que permite la depredación de la naturaleza), “revolución verde” (que se basa en el uso de semillas transgénicas, abonos y pesticidas que agotan los suelos y encadenan a los campesinos), “gobernabilidad democrática” (que quiere significar ausencia de conflicto social y debilitamiento del Estado como redistribuidor de la renta), “buena gobernanza” (que desvía la atención de la falta de responsabilidad colectiva), “capital humano” o “capital social” (que presupone que los seres humanos son mercancías sujetas a los avatares del mercado), “capitalismo popular” (que terminó en la explosión de la burbuja especulativa y el empobrecimiento de millones de pequeños ahorradores), “mundo libre” o “modernización” (que significa la defensa cerrada del modelo capitalista) o “globalización” (que ensalza lo que se globaliza y discrimina lo local, trabajando para esa MacDonalización, en expresión de Ritzer, del mundo).»

Como hemos dicho, muchos de esos términos nos vienen dados desde instancias ajenas a nuestras realidades y su carga conceptual e ideológica responde a unos intereses definidos, que pocas veces coinciden con los de los hablantes de a pie. El primer paso para «emancipar» a las sociedades de esos intereses ajenos (y de sus consecuencias homicidas) es lograr la emancipación del lenguaje que utilizamos comprender la realidad social, económica y política, para formular opiniones fundamentadas y precisas sobre lo que acontece a nuestro alrededor, y para dar respuestas más cercanas a nuestros propios intereses. Evidentemente, para ello los medios de comunicación masivos, transmisores de ideologías, deberían adoptar una postura crítica con respecto a su papel dentro de este entramado informativo o la propia sociedad acabará por darles la espalda.

Más sobre este tema en El gobierno de las palabras, Juan Carlos Monedero, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

LA GUERRA ES LA PAZ

2009-11-15T06:08:00.000-08:00

GUERRA, PAZ Y EL NOBEL DE OBAMA

Noam Chomsky

Las esperanzas y las perspectivas de paz no van de la mano, ni mucho menos. Nuestra tarea es alinear unas con otras. Supuestamente, ésa era la intención del comité del Premio Nobel de la Paz al elegir al presidente estadounidense Barack Obama.

El premio «parecía una forma de loar y alentar los esfuerzos futuros y el liderazgo estadounidense basado en el consenso por parte del comité del Nobel», según escribieron Steven Erlanger y Sheryl Gay Stolberg en The New York Times. La naturaleza de la transición Bush-Obama está directamente relacionada con la probabilidad de que las alabanzas y los ánimos pueden generar progresos. Así pues, los intereses del comité del Nobel son válidos: se centraron en la retórica de Obama en cuanto a la reducción de las armas nucleares.

Ahora mismo, las ambiciones nucleares de Irán copan los titulares. Según las advertencias lanzadas, Irán podría estar escondiendo algo al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y violando la resolución 1887 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el mes pasado y aclamada como una victoria de los esfuerzos de Obama por contener a Irán. Entretanto, continúa el debate sobre si la reciente decisión de Obama de reconfigurar los sistemas de defensa de misiles en Europa es una capitulación ante los rusos o un paso pragmático para defender a Occidente de un ataque nuclear iraní.

Pero, puesto que con frecuencia el silencio es más elocuente que el clamor ensordecedor, prestemos atención a lo que no se dice. En medio del furor por la sinuosidad iraní, el OIEA aprobó una resolución que instaba a Israel a incorporarse al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y a abrir sus instalaciones nucleares a los inspectores. Estados Unidos y Europa trataron de bloquear la resolución del OIEA, pero finalmente se aprobó. Los medios de comunicación prácticamente omitieron este hecho. Estados Unidos aseguró a Israel que apoyaría su rechazo a la resolución, reafirmando un entendimiento secreto que ha permitido a Israel mantener un arsenal nuclear cerrado a las inspecciones internacionales, según los funcionarios conocedores de los acuerdos. Una vez más, los medios de comunicación guardaron silencio. Los representantes indios recibieron la resolución 1887 de la ONU anunciando que la India «ahora puede construir armas nucleares con el mismo poder de destrucción que las de los arsenales de las principales potencias nucleares del mundo», según reflejó el Financial Times. Tanto la India como Pakistán están ampliando sus programas de armas nucleares. Ambos países han estado dos veces a punto de iniciar una guerra nuclear y las causas de dichos conflictos aún no se han resuelto.

Obama recibió la resolución 1887 de manera diferente. El día antes de que se le concediera el Premio Nobel por su inspirador compromiso con la paz, el Pentágono anunció que aceleraría el desarrollo de las armas no nucleares más letales de su arsenal: bombas de 13 toneladas para los bombarderos espía B-2 y B-52, diseñadas para destruir búnkeres escondidos en profundidad y protegidos por 4.500 kilos de cemento reforzado. No es un secreto que estas bombas revientabúnkeres podrían emplearse contra Irán. Los planes de desarrollo de estos «penetradores de artillería masiva» comenzaron durante el mandato de Bush, pero languidecieron hasta que Obama instó a su finalización cuando llegó al poder.

La resolución 1887, aprobada por unanimidad, pide el fin de las amenazas del uso de la fuerza y exhorta a todos los países a adherirse al TNP, como hizo Irán hace tiempo. Los países que no han firmado el TNP son la India, Israel y Pakistán, todos los cuales han desarrollado armas nucleares con la ayuda de Estados Unidos, infringiendo dicho Tratado. Irán no ha invadido otro país desde hace cientos de años, a diferencia de Estados Unidos, Israel y la India (que ocupa Cachemira de manera brutal). La amenaza que supone Irán es minúscula. Si Irán tuviera armas nucleares y sistemas de lanzamiento de misiles, y estuviera preparado para usarlos, el país sería vaporizado. Creer que Irán emplearía armas nucleares para atacar a Israel o a cualquier otro país «equivale a creer que los líderes iraníes están locos» y que quieren ser reducidos a «polvo radiactivo», según el analista estratégico Leonard Weiss, que apunta que los submarinos de misiles balísticos de Israel son «prácticamente inmunes a ataques militares preventivos», por no hablar del inmenso arsenal estadounidense.

En unas maniobras navales el pasado julio, Israel envió sus submarinos Dolphin, capaces de portar misiles nucleares, a través del Canal de Suez y el Mar Rojo, en ocasiones escoltados por buques de guerra, hasta una posición desde la que podían atacar a Irán, puesto que tenían «derecho como nación soberana» a hacerlo, según el vicepresidente estadounidense Joe Biden. No es la primera vez que aquello sobre lo que se guarda silencio recibiría titulares de portada en sociedades que valorasen su libertad y se preocupasen por el destino del mundo. El régimen iraní es duro y represivo, y ninguna persona cabal querría que Irán (ni nadie) tuviese armas nucleares. Pero un poco de sinceridad para resolver estos problemas no haría daño a nadie.

Al Premio Nobel de la Paz, por supuesto, no sólo le preocupa reducir la amenaza de una guerra nuclear irreversible, sino la guerra en general y la preparación para esa guerra. En este sentido, la elección de Obama asombró a más de uno, sobre todo en Irán, rodeado por las fuerzas de ocupación estadounidenses. En las fronteras iraníes con Afganistán y Pakistán, Obama ha dado un paso más en la guerra de Bush y es probable que siga por ese camino, puede que incluso con dureza. Obama ha dejado claro que Estados Unidos pretende mantener una importante presencia a largo plazo en la zona. Todo ello se ha reflejado en la inmensa ciudad dentro de la ciudad, llamada «la Embajada de Bagdad», única en todo el mundo. Obama ha anunciado la construcción de megaembajadas en Islamabad y Kabul, además de enormes consulados en Peshawar y en otros puntos de la región. Analistas en presupuestos y seguridad independientes informaron a la revista Government Executive de que «la solicitud de 538.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa en el año fiscal 2010 por parte de la Administración y la intención de mantener un alto nivel de financiación los próximos años sitúan al presidente en la senda para convertirse en el mandatario con un mayor presupuesto militar (en dólares reales) en una sola legislatura desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso sin contar los 130.000 millones que la Administración solicitará para financiar las guerras de Irak y Afganistán el próximo año, gasto que está previsto que aumente en años sucesivos».

Es cierto que el comité del Premio Nobel de la Paz ha tenido elecciones verdaderamente acertadas; una de las más destacadas, la encomiable activista afgana Malalai Joya. Esta valiente mujer sobrevivió a los rusos y, después, a islamistas radicales cuya brutalidad era tal que la población recibió a los talibanes con los brazos abiertos. Joya ha resistido a los talibanes y ahora, bajo el Gobierno de Karzai, asiste al regreso de los señores de la guerra. A lo largo de todo ese tiempo, Joya ha trabajado por los derechos humanos, en especial los de la mujer; fue elegida como parlamentaria y más tarde expulsada por seguir denunciando las atrocidades de los señores de la guerra. Ahora vive en la clandestinidad, bajo gran protección, pero sigue luchando, con palabras y hechos. Son hechos como éstos, repetidos por todos y todas en la medida de nuestras posibilidades, los que podrán alinear las esperanzas y las perspectivas de paz.

Más artículos de Chomsky, aquí.

Los arsenales nucleares mundiales (declarados) a día de hoy, aquí.

LAS OTRAS NEOLENGUAS

2009-11-08T06:48:00.000-08:00

“Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos. -La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda…, eso es todo”.

Este fragmento de A través del espejo de Lewis Carroll podría muy bien resumir la dinámica de poder y propaganda que se ha venido forjando en las democracias capitalistas occidentales desde la Segunda Guerra Mundial. Y es el que las palabras no son más que otra herramienta a disposición de los que mandan, es decir, de aquéllos que controlan la información.

Las palabras están inevitablemente unidas a la realidad que representan. Por tanto, cuando se altera nuestra percepción de ellas (su uso y significado), se está alterando nuestra percepción de la realidad. Dada la gran cantidad de palabras que procesamos en la actualidad a través de los medios de comunicación masivos (sobreinformación), es muy probable que la mayor parte de dichas alteraciones nos pasen inadvertidas, pero eso no significa que no afecten a las conexiones que establecemos entre conceptos y palabras (desinformación).

El ejemplo más conocido de dicha alteración semántica sería la neolengua de Orwell, cuyo objetivo era simplificar el habla hasta modificar y eliminar significados de palabras contrarias al régimen establecido. Si bien en los sistemas político-económicos actuales no se puede decir que exista una neolengua como tal (apenas se crean ya nuevos conceptos duraderos), sí que es más que habitual la traslación de significados, la redefinición de conceptos, los falsos neologismos y la marginación de vocablos. Todas estas alteraciones modifican nuestra forma de aprehender los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, de conceptualizarlos de manera precisa y, por tanto, de formular una opinión fundamentada sobre ellos.

Son muchos los ejemplos de conceptos políticos, sociales y económicos conocidos para los que se han elegido otras palabras por sus connotaciones (o falta de ellas): economía de mercado, flexibilización del mercado laboral, reformas estructurales, globalización, fundamentalismo, terrorismo, combatientes enemigos ilegales, guerra preventiva, democracia, interés general, estado del bienestar, opinión pública, sociedad civil, gobernabilidad, burbuja inmobiliaria, desaceleración, crecimiento negativo…

Como se puede ver, dista mucho de haber un consenso sobre las realidades que pretendemos nombrar mediante palabras como éstas. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en la novela de Orwell o en los gobiernos autoritarios, el objetivo de la propaganda en los sistemas democráticos no consiste en convencer a todos los ciudadanos… tan sólo a la mayoría.

Más sobre este fenómeno:
Samuel Toledano; Noam Chomsky; Teun A. Van Dijk; Alejandro Pizarroso

LIBROS DESCATALOGADOS

2009-11-01T03:46:00.000-08:00

¿Está cambiando nuestro cerebro? ¿Procesamos la información igual que hace diez años? ¿Está Internet mermando nuestra capacidad de leer o incluso de pensar? Ésas eran las preguntas que se planteaba Nicholas Carr en su famoso artículo «Is Google making Us Stupid?». Pero eso fue hace más de un año.

Ahora que por fin parecíamos tener las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Ahora Google está tratando de llegar a acuerdos con editoriales europeas, similares a los alcanzados en EE. UU., para digitalizar sus catálogos y aumentar el tamaño de su biblioteca virtual, Google Books. Ahora el Kindle, el libro electrónico de Amazon, ya está disponible en todo el mundo. Y ahora ambas compañías se disputan un mercado cuyo futuro nadie tiene muy claro. Por si acaso, instituciones internacionales como la ONU y la UE ya tienen en marcha proyectos de digitalización de contenidos culturales, entre ellos, una ingente cantidad de libros.

Lo que sí está claro es que nuestra manera de acceder a ciertos contenidos textuales online (artículos de periódicos, revistas, blogs, foros, informes, etc.) está afectando a nuestra capacidad para leer contenidos que tradicionalmente hemos recibido en papel, especialmente las lecturas de ficción (novela, teatro, poesía) y de no ficción (ensayos, tesis, estudios) más extensas. En qué medida esto determinará cómo percibimos, analizamos y usamos esos contenidos textuales aún está por ver, pero algunos ya empiezan a entrever un futuro en el que las palabras ya no son el epicentro de la comunicación.

LO COMPRENDO Y DESEO CONTINUAR

2009-10-27T16:36:00.000-07:00

La globalización de contenidos ha traído consigo una estandarización moral de la que Google no deja de ser el guardián custodio. Un buen ejemplo de ello es la categorización de los blogs de Blogger de acuerdo a sus imágenes.

Ese botón de "contenido dudoso" que cualquier internauta puede pulsar es la llamada de atención que los administradores de sistemas necesitan para poner una etiqueta más, una etiqueta que, sin embargo, concede valor a la opinión de personas anónimas sobre contenidos ajenos. Una etiqueta que puede alertar sobre imágenes violentas, sexuales u ofensivas, sí, pero también una etiqueta que, irremediablemente, pone fronteras al arte.

Un buen ejemplo es el blog de Slava Mogutin, un artista siberiano que llegó a estar a un paso de la cárcel en Rusia por la supuesta "provocación", "insolencia" y "vandalismo" de su obra. Rescatado de todo aquello por Amnistia Internacional, que le consiguió asilo político en Estados Unidos, ahora se ve sometido a la categorización más simplista por parte de una empresa que se postula como la vara de medir de la comunicación global.

NO COMPRES BANSKY: HÁZTELO

2009-10-26T16:46:00.000-07:00

En su tienda online, Bansky no te vende nada: te lo da. La próxima vez que vayas a tu tienda trendy del barrio o al museo de arte moderno de tu ciudad, no compres nada de Bansky.

Aquí abajo os dejo el vídeo de la exposición que hizo en el Museo de Bristol este verano. Ya se podían animar el Reina Sofía o el MACBA...

VOLUNTARIADO 2.0

2009-10-26T16:18:00.000-07:00

Haz que tus clientes trabajen por ti: es la última moda de las empresas de tecnología de la información. ¿Por qué emplear a cien personas con formación y experiencia cuando mil voluntarios pueden hacer el mismo trabajo?

Crowdsourcing es un término acuñado por la revista Wired que viene a definir lo que desde hace algunos años vienen haciendo proyectos de Web 2.0 como la Wikipedia, pero con fines menos desinteresados. La idea no puede ser más sencilla: se desarrolla un portal de acceso libre y se anima a los internautas a subir sus aportaciones. Actualmente, el crowdsourcing se utiliza para desarrollar aplicaciones informáticas, llevar a cabo proyectos de diseño, perfeccionar algoritmos, procesar datos o alimentar corpus lingüísticos multilingües, por ejemplo.

En este último campo, ya existen varios portales (TAUS, MyMemory) que permiten a cualquier persona traducir, corregir, mejorar y puntuar traducciones, además de subir memorias de traducción y glosarios prácticamente en cualquier combinación de idiomas. Google, por su parte, lleva años alimentando su sistema de traducción automática con la ingente cantidad de información multilingüe (libre de derechos de autor) que indexa su motor de búsqueda, así que se podría decir que fue el padre del crowdsourcing, si obviamos el pequeño detalle de que ni siquiera pidió permiso para ello. Lo cierto es que este nuevo modelo de desarrollo y producción, si bien de momento presenta muchas limitaciones y despierta no menos suspicacias, podría cambiar cuantitativa y cualitativamente lo hoy conocemos como Internet.

INTELIGENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

2009-10-24T09:09:00.000-07:00

Ya no es ciencia-ficción: la CIA ha declarado que nos espía a todos. Y, como no podía ser de otra manera, lo hacen a través de una herramienta desarrollada por el Departamento de Defensa de EE. UU.: Internet.

La llamada inteligencia de código abierto se dedica a analizar terabytes y terabytes de datos colgados por particulares, medios de comunicación y redes sociales públicas (en teoría no pueden ver tu perfil de Facebook si es privado). La empresa contratada por la CIA para ello (siguiendo la política de subcontratas marcada por la administración Bush-Cheney-Rumsfeld) se llama Visible Technologies y su función es catalogar la información que recoge como positiva, negativa, ambas o neutral, además de la influencia que tiene dicha información. Por si alguien tenía alguna duda de si esto ya está en marcha o no es más que propaganda de control, ya hay pruebas de su uso. Por supuesto, las grandes corporaciones también han sabido ver en esta tecnología espía una valiosísima herramienta de marketing, como Microsoft, más que interesada en conocer la reacción mundial ante el lanzamiento de Windows 7, después de esa pesadilla llamada Vista.

Por si esto no fuera poco, la división de inteligencia de código abierto de la CIA quiere utilizar a Visible Technologies para detectar lo antes posible problemas o conflictos internacionales a través de medios de comunicación extranjeros en Internet. Y seguro que para ello se servirán de la traducción automática.

LA DOCTRINA DEL SHOCK

2009-10-18T23:46:00.000-07:00

El último y más que recomendable libro de Naomi Klein ya tiene documental, realizado para el Channel 4 inglés por Michael Winterbottom. El tráiler, después del salto.

Más información en castellano sobre el libro, aquí.

CHOMSKY EN LA ONU

2009-10-18T20:41:00.000-07:00

Muchos de los debates sobre la responsabilidad de proteger (o «R2P», en inglés) o sobre su prima-hermana, «intervención humanitaria», suelen verse ensombrecidos por los trapos sucios acumulados a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy, han sido pocos los principios que se han aplicado de manera general en los asuntos internacionales. Uno de ellos es la máxima de Tucídices, según la cual los más fuertes hacen todo lo que está en su poder y los débiles tienen que ceder.

Un corolario de dicha máxima es lo que Ian Brownlie denomina «la estratégica legislativa hegemónica»: es la voz del fuerte la que sienta jurisprudencia. Otro de los principios se deriva de la forma de hacer política en Inglaterra que relataba Adam Smith: los «principales arquitectos» de la política (en su día, los «mercaderes y productores») se aseguran de que sus propios intereses se vean «especialmente protegidos», sin importar la «gravedad» de los efectos en los demás, incluido el pueblo inglés, pero en mayor medida en aquellos que estaban sujetos a la «salvaje injusticia de los europeos», en especial la India conquistada, la primera preocupación del propio Smith. Un tercer principio es que prácticamente todo uso de la fuerza en los asuntos internacionales se ha justificado bajo la responsabilidad de proteger, incluidas las peores monstruosidades. Como ilustración de ello, en su estudio académico de la «intervención humanitaria», Sean Murphy cita tan sólo tres ejemplos sucedidos entre el pacto Briand-Kellogg y la Carta de las Naciones Unidas: el ataque japonés a Manchuria, la invasión de Etiopía a manos de Mussolini y la ocupación de varias regiones de Checoslovaquia que llevó a cabo Hitler, todas ellas acompañadas de una noble retórica sobre la solemne responsabilidad de proteger a los pueblos sojuzgados y de justificaciones objetivas. El mismo patrón básico se perpetúa hasta nuestros días.

Merece la pena echarle un vistazo a los antecedentes históricos, ahora que se oye hablar de la responsabilidad de proteger o de su prima-hermana como una «norma incipiente» en los asuntos internacionales. Lo cierto es ambas se han considerado normas desde siempre. La constitución de este país [los EE. UU.] es un ejemplo. En 1629, el Rey le otorgó a la Colonia de la Bahía de Massachusetts una Constitución en la que se afirmaba que «el fin principal de esta plantación» era rescatar a los nativos de su amargo y pagano destino. En el Escudo de la Colonia se puede ver a un indio diciendo «Venid y ayudarnos». Así pues, los colonos ingleses estaban cumpliendo su responsabilidad de proteger cuando procedieron a «extirpar» y «exterminar» a los nativos, según sus propias palabras, «y por su propio bien», como explicaron sus orgullosos sucesores. En 1630, John Winthrop dio su famoso sermón en el que se dibujaba la nueva nación «regida por Dios» como una «ciudad en una colina», una inspiradora retórica que se suele evocar hoy día para justificar cualquier crimen como, en el peor de los casos, una «desviación» de la noble misión de la responsabilidad de proteger.

El resto de la intervención de Chomsky en la ONU, aquí. Y el webcast, aquí.